miércoles, 2 de septiembre de 2009

Jorge Arrate cumplió compromiso con Presos Politicos Mapuches de El Manzano

Ante la solicitud del candidato presidencial de izquierda, Jorge Arrate, para que los comuneros mapuches presos en la cárcel El Manzano no sean trasladados a otros penales, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo señaló que examinará la situación con sus pares de Justicia e Interior.

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenul Raiman, César Parra Leiva, Nolberto Parra Leiva, Jonatthan Huillical, Segundo Ñehuey y Óscar Menares Chacayo, son los ocho comuneros mapuches que fueron visitados el viernes último por nuestro candidato presidencial en la carcel El Manzano, los que hoy, además cumplieron 13 días en huelga de hambre.

En esa oportunidad los comuneros, que cumplen "detención preventiva por nueve meses", informaron a Arrate que estaban siendo amenazados de traslado a otros penales del país, lo que calificaron como "una condena más a lo que estamos sufriendo" y denunciaron que eran procesados por dos tribunales (militar y ordinario) por un mismo supuesto delito, lo que el abanderado allendista calificó como una "vulneración al debido proceso".

Ante esos hechos, Arrate solicitó a Viera-Gallo -encargado del tema de la Araucanía- una entrevista para informarle sobre la situación que afecta a los comuneros presos, encuentro que se concretó en La Moneda.

Durante la reunión, el presidenciable de la izquierda entregó a Viera Gallo la declaración de los presos donde éstos se declaran en huelga de hambre líquida y le manifestó su preocupación por este caso y por el de Mireya Figueroa, detenida en el Hospital Barros Luco donde, tras gestión de Arrate fue trasladada para recibir el tratamiento por el cáncer grado cinco que sufre.Arrate le manifestó su preocupación por el constante hostigamiento policial al que son sometidas las familias mapuches de la zona y por la militarización de zonas de la Araucanía.Respecto de la denuncia sobre los procesados paralelos en la justicia civil y la militar, Viera-Gallo comunicó que estarían enviando un proyecto de ley para impedir que esto siga ocurriendo y que este tipo de actos sólo se juzguen en la justicia civil.

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